LAS DISCOGRÁFICAS CARGAN POR PRIMERA VEZ CONTRA ESPAÑA:

Las discográficas cargan por primera vez en España contra un creador de softwareISAAC RISCO. MADRID. Las primeras acciones contra la piratería digital no han tardado en llevarse a cabo después de que España fuera incluida hace diez días en la «lista negra» de la Cámara Baja de Estados Unidos por su alto índice de descargas ilegales. Promusicae, entidad que agrupa a la mayoría de discográficas españolas, y las multinacionales Sony-BMG, Warner y EMI presentaron ayer ante los juzgados de lo Mercantil en Madrid una demanda contra Pablo Soto Bravo, programador de 28 años y máximo responsable de las páginas web Blubster, Piolet y Manolito. La acción ha tenido lugar apenas un día después de que la policía acabara con una mafia china que facturaba 150.000 copias piratas al día en Madrid.Según las empresas demandantes, los tres portales ofrecen la descarga pagada de aplicaciones P2P que son usadas «para el intercambio ilegal de música protegida». La demanda es la primera de este tipo que las discográficas presentan en España contra el creador de una aplicación, ya que antes sólo habían planteado acciones civiles contra los usuarios. Sin éxito, ya que el intercambio de archivos es legal.En el escrito de más de cien folios, los demandantes argumentan que Soto desarrolló sus aplicaciones informáticas «con evidente ánimo de lucro» y con «una conducta parasitaria» para obtener provecho de la obra de otros. Para ello, señalan, Soto mantenía un servidor central o gateway para garantizar el funcionamiento adecuado de la red, que contaba durante los últimos meses con un número de visitantes conectados de manera simultánea de aproximadamente 235.000 personas.Tras un «cálculo conservador» de los prejuicios causados, las discográficas reclaman al demandado más de 13 millones de euros y exigen la inmediata clausura de las páginas. Promusicae ha aportado distintas pruebas periciales y notariales para demostrar la veracidad de las acusaciones.Soto se defiendeEn declaraciones a ABC, Pablo Soto se defendió aduciendo que su compañía MP2P Technologies es «una empresa normal y corriente», con domicilio legal en Madrid. La firma, que opera desde el año 2000 y que trabaja junto a dos empresas pequeñas -Piolet Networks S. L. y Optisoft S. L.- también creadas por Soto, «genera ingresos», señaló el programador, «como cualquier otra». La única diferencia, continuó, es que el software que han desarrollado «permite el movimiento de archivos digitales a través de internet con una facilidad que no había antes». «Es un avance importante», dijo.Respecto a las acusaciones por «intercambio ilegal», Soto argumentó que su software es «una herramienta que sirve para intercambiar archivos de música entre particulares de forma sencilla» y a la que se le pueden dar «diferentes usos». «Dependiendo de la legislación de cada país hay un abanico de posibles actos ilícitos que se pueden cometer», continuó, de los que sin embargo no se puede culpar al creador. «Si me atropellan, yo no denuncio a la empresa que ha construido el coche».En un comunicado de prensa previo, su empresa MP2P Technologies había señalado que la demanda es un «intento de las multinacionales» por destruirles, y que optan por el litigio de manera «fútil y desesperada» ante el advenimiento de la tecnología P2P.

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